El gobierno de México está promoviendo una modificación que haría de la Clave Única de Registro de Población (CURP) un sistema obligatorio de identificación digital, incorporando información biométrica como huellas digitales y reconocimiento facial. Esta modificación se plantea como respuesta a la creciente crisis de desapariciones en la nación, pero ha suscitado grandes preocupaciones sobre sus efectos en los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la privacidad y la vigilancia masiva.
El plan busca cambiar la Ley General de Población y la Ley de Desaparición Forzada para establecer la CURP biométrica como la única identificación oficial, reemplazando otros documentos como el pasaporte y la credencial de elector. Asimismo, la modificación contempla la creación de una base de datos central que almacenaría información biométrica de todas las personas, incluidos los menores. El uso de este sistema sería mandatorio para realizar cualquier gestión pública o privada, como la apertura de cuentas bancarias o el acceso a servicios del gobierno.
A pesar de que la reforma menciona que el consentimiento de los ciudadanos será necesario para la recolección de datos, muchos expertos argumentan que en la práctica, esta medida sería obligatoria, ya que la CURP biométrica sería necesaria para acceder a servicios básicos. Esto plantea un escenario donde las personas no tendrían una verdadera libertad de elección, ya que la negativa a registrarse significaría quedar excluido de los servicios esenciales.
Especialistas en derechos digitales y activistas han indicado que la iniciativa podría facilitar la supervisión a gran escala y el uso indebido por parte de las autoridades. En un escenario donde las agencias gubernamentales en México han demostrado ser históricamente propensas a la corrupción y a acuerdos con grupos delictivos, el peligro de que esta información biométrica sea utilizada incorrectamente para extorsión o represión política es significativo. Adicionalmente, existe preocupación de que la aplicación de este sistema impacte especialmente a colectivos vulnerables, como las personas trans o aquellos con huellas digitales dañadas, quienes podrían enfrentar dificultades para ser identificados adecuadamente por el sistema.
El proyecto también ha sido criticado por aprovechar el dolor de las familias afectadas por la desaparición de personas para promover una medida que, según los expertos, no aborda de fondo las causas de este problema. En lugar de centrarse en soluciones más efectivas para prevenir y resolver los casos de desapariciones, la reforma podría ser utilizada como una forma de control masivo de la población bajo la justificación de la seguridad.
El uso de las tecnologías biométricas ha generado controversias en diversas naciones. Un caso es el de Venezuela, donde individuos transgénero enfrentaron problemas para obtener productos esenciales porque su aspecto físico no correspondía con sus datos biométricos. Situaciones parecidas se han dado en Chile, donde empleados con huellas digitales deterioradas no fueron reconocidos adecuadamente por el sistema. Estos casos demuestran que los sistemas biométricos pueden presentar errores y, en lugar de ofrecer seguridad, pueden fomentar la exclusión social.
La creciente digitalización de los datos personales, impulsada por la integración de tecnologías de vigilancia, plantea un serio dilema entre la seguridad y la protección de los derechos humanos. Mientras que algunos defienden la reforma como una medida para mejorar la seguridad y prevenir delitos, otros advierten que este tipo de iniciativas puede tener efectos negativos a largo plazo en la libertad individual y en la privacidad de los ciudadanos. Por ello, es esencial que cualquier avance tecnológico en este ámbito sea acompañado de una reflexión profunda sobre los derechos fundamentales de la población, para evitar que se convierta en una herramienta de control en lugar de una solución real a los problemas sociales.
