El País Vasco gestionará el nuevo impuesto a los ricos y recibirá 400 millones para los gravámenes a banca y energía | Economía

Más margen de maniobra para el País Vasco, que gestionará y recaudará el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas recien aprobadas por el Congreso. Complementario al impuesto sobre el patrimonio y gestionado por el Estado, este tributo se obtiene en el Concierto Económico Vasco como impuesto concertado de normativa autónoma. Los nuevos gravámenes a banca y energías no serán traspasados, pero a cambio Euskadi recibirá unos 400 millones por los dos años en los que estén en vigor. Ambas decidieron acordar esta reunión en la reunión de la Mixta Comisión del Concierto Económico entre representantes de Euskadi y el Ministerio de Hacienda, y responde al diseño del sistema de financiación de la comunidad, distinguido al resto ya menudo objecto de criticas. La gestión de la seguridad social y la financiación de las pensiones también están ligadas a la discordia.

A diferencia de las demás comunidades, el País Vasco recauda la mayoría de los impuestos estatales y tiene transferidas más competencias. Para financiar los servicios generales que no ha asumido, le paga cada año al Estado un import, el llamado cupo, cuyo cálculo levanta constantemente ampollas entre políticos, económicos y ciudadanos. La crítica más extendida es que su cantidad se determina en función de intereses políticos en lugar de cálculos reales, y que tanto Euskadi como Navarra —que cuenta con el mismo sistema— acaban teniendo más recursos y contribuyendo en menor medida a la solidaridad territorial.

¿Qué es el concierto económico vasco?

El concierto económico vasco se remonta a finale de 1800 y es el marco que regula las relaciones financieras entre Euskadi y el Estado. Este esquema prevé que sean las haciendas locales las encargadas de recaudar, gestionar y liquidar la casi totalidad de los impuestos estatales como el IRPF o sociedades —quedan fuera las cotizaciones sociales y los derechos y gravámenes a la importación en los impuestos especiales y el IVA— . Después, transfiera una parte de lo ingresado al Estado central. Lo mismo ocurre con el convenio navarro, mientras que en el resto de autonomía se aplica el llamado régimen común, que funciona exactamente al revés: el Estado recauda la mayoría de tributos reparte entre regiones. El centro de las criticas hacia las comunidades forales no esta en la estructura del concierto y el convenio, sino en el calculo del cupo y de la aportacion.

Ambas comunidades han llegado a un acuerdo con el Gobierno en las últimas semanas para actualizar su participación en el sistema de financiación. El cupo se ha renovado para el periodo 2022-2026. El importe para 2022 es de 1.467 millones, una importación similar al ejercicio anterior (1.407 millones). En la negociación también se ha acordado el traspaso de los nuevos impuestos a los residuos y plásticos sobrios de un solo uso. En el caso de Navarra, la actualización se refiere al periodo 2020-2024, que hasta ahora no se había podido cerrar. La cantidad provisional para 2022 es de 754 millones.

¿Qué es el cupón?

El cupo vasco es la cantidad que Euskadi paga cada año al Estado para financiar los servicios de interés general que no le han sido transferidos. Is the case de las políticas de defensa, las embajadas o los intereses de la deuda, entre otros, qu’esta la Administración central y se conocen como cargoes o gastos no asumidos. De la misma manera funciona la aportación navarra.

Una de las quejas recurrentes es que en el cupo deberia incluirse una fuerte partida mayor de nivelación o solidaridad regional, para que las comunidades forales contribuyan a que las autonomías más pobres puedan ofrecer servicios públicos similares a los de las más ricas. En el caso del régimen común, hay varios mecanismos que contribuyen a la nivelación, pero en el sistema foral se produce una suerte de cortocircuito de la solidaridad.

El economista Ángel de la Fuente, director de Fedea y uno de los mayores expertos en financiación autonómica, explicó que el concierto tomó su forma actual en los años ochenta, cuando se empezó a construir el Estado autonómico y aún no se habían cedido muchas competentes a las comunidades, particularmente a las de régimen común. “Se pensó que el Fondo de Compensación Interterritorial, que está en la Constitución, iba a ser el instrumento más importante para la redistribución interterritorial, y por eso incluye explícitamente en la ley del concierto”, resumen. «Pero este fondo se ha quedado muy pequeño y la redistribución se ha destacado por otras vías que entonces no existen, como el Fondo de Garantía, y, por lo tanto, no están explícitamente en el concierto. Hay que hecho adaptar el sistema foral a la realidad actual del sistema autonómico para que l’aportación de estos territorios a la solidaridad interterritorial se calcule sobre una base razonable”, concluye.

¿Qué pasa con la Seguridad Social?

La gestión de la seguridad social y la financiación de las pensiones también están ligadas a la discordia. Más aún ahora que el Estado ha comenzado a asumir parte del abultado déficit de la Seguridad Social haciéndose cargo de los llamados gastos impropios, desembolsos que se cubren con cotizaciones sociales y que pasa a financiar Hacienda a través de impuestos. Por ejemplo, las pensiones no contributivas o los subsidios por desempleo. El objeto es lograr el déficit de la Seguridad Social y blindar la sostenibilidad de las pensiones.

En 2022, el conjunto de estos gastos impropios supuso una transferencia a la Seguridad Social de más de 18.000 millones de euros. Esta nueva fórmula también debería implicar un aumento de la aportación por parte de las comunidades forales, que no recaudan las cotizaciones sociales. Es decir, los gastos impropios los Estado para todos sus ciudadanos cubre. El País Vasco, que ha logrado entre polémicas la cesión del ingreso mínimo vital, y que presiona para hacerse también con la gestión económica de la Seguridad Social —entre otras competencias que reclama—, ha asegurado que su aportación contempla este nuevo coste, pero el cupo base que se acaba de negociar está en línea con el de los ejercicios anteriores.

¿Cómo se calcula el cupo?

Para determinar la importación del cupo se empieza por calcular las cargas no asumidas del Estado. Es decir, cuánto se gasta a nivel nacional en las competencias de interés general que no han sido traspasadas a los territorios forales. A partir de ahí, se determina el peso del País Vasco sobre el conjunto del PIB de España. Es el llamado índice de imputación, que no se actualiza desde los años ochenta, cuando terminó la dictadura que había prohibido el concierto. Tampoco varió a las negociaciones finales: no más del 6,24% —1,6% para Navarra—. De este porcentaje salen los 400 millones por los gravámenes a banca y energéticas de la previsión total de recaudación de unos 6.500 millones.

Los Gobiernos forales critican que las economías vasca y navarra han perdido peso con los años y que esos guarismos deben ajustarse a la baja. Los demás barones regionales y la mayoría de los expertos denuncian que las cargas no asumidas están infravaloradas y su cálculo es opaco. También la comisión de expertos para la reforma de las finanzas autonómicas de 2018 apuntó a la falta de transparencia del sistema.

¿Se aplica algún ajuste?

If.Los más importantes están relacionados con el deficit, el IVA y los impuestos especiales. Antes de llegar a la base del cupo hay que descontar el deficit, para que no se pague dos veces por lo mismo. Es así que el País Vasco, en lugar que abonar cada año la parte del gasto estatal que se financia con déficit, asume la parte que corresponde a los interesados ​​de la deuda. Para 2023, el País Vasco tiene una referencia de déficit del 0,6% del PIB, al igual que Navarra, frente al 0,3% de las comunidades de régimen común.

Los ajustes por IVA e impuestos especiales se hacen para reflejar el consumo real, y que la recaudación que apoyan a los ciudadanos n’tiene que cocincir con lo que ingresa en el territorio. Además, el IVA de bienes y servicios que vienen de fuera de la UE lo recauda de forma exclusiva el Estado, que luego debería compensar a las comunidades forales la parte de ingresos que les corresponde.

¿Cuál es el resultado final?

Hay bastante consenso en que la transferencia de las comunidades forales es inferior a la correspondiente y eso responde a razones políticas. La otra cara de la moneda es una financiación por habitante ajustada superior a la media, que según los críticos tiene su origen sobre todo en la infravaloración de las competencias estatales no cedidas, los ajustes por IVA e impuestos especiales, que no reflejan la distribución real de los consumos correspondientes entre territorios, hay una menor aportación a la solidaridad con respecto a su capacidad. «Nadie ha visto jamá el detalle de los cálculos que el Concierto demande para calcular el cupo, y cuando uno intenciona reproducirlos, sale un resultado muy distinto», corroboró De la Fuente. «Por eso la impresión de este número es fruto de un acuerdo político, no de un cálculo objetivo».

¿Cada cuánto revisa?

Hay una ley permanente que es la del concierto, y otra por un periodo de cinco años que regula el cupo. En este último año se fijará sobre la base del quinquenio y un índice de evolución para actualizar la importación en un año, en función de los ingresos tributarios no cedidos del Estado.