En el sur de Quito, la falta de agua ha causado una emergencia humanitaria que impacta a más de 400.000 habitantes. La situación, vista como la más severa en los últimos veinte años, surgió después de un deslizamiento en el páramo del Antisana, que perjudicó de forma crítica la infraestructura de distribución del agua. Este fenómeno natural ha dejado a seis áreas de la ciudad sin un suministro constante de agua potable, forzando a los residentes a depender de entregas ocasionales y a usar fuentes que no son seguras para el consumo.
Mientras las autoridades locales y nacionales debaten responsabilidades, los ciudadanos enfrentan una realidad marcada por largas filas, recipientes improvisados y una incertidumbre creciente sobre cuándo volverá la normalidad.
Sobrellevando la falta de agua: la rutina diaria en Chillogallo
En el barrio de Chillogallo, al sur de la capital ecuatoriana, la espera por agua se ha convertido en parte de la rutina. Inés Castro, de 74 años, se sienta en la vereda con un balde vacío esperando el paso de un camión cisterna, conocidos como tanqueros. Como ella, decenas de vecinos cargan botellas, ollas y hasta tachos de basura para intentar recolectar el líquido vital.
Muchos de los afectados son adultos mayores que no tienen la fuerza para trasladar el agua hasta sus hogares. “Estamos aquí en este frío desde la mañana, con hambre. No tenemos agua ni para bañarnos”, relata Erselinda Guilca, una jubilada visiblemente cansada. Las condiciones de espera, combinadas con la falta de certeza sobre la hora de llegada de los tanqueros, han exacerbado el malestar de la población.
Medidas insuficientes y protestas ciudadanas
El Municipio de Quito ha implementado 71 camiones cisterna, cinco hidrantes móviles y varios sitios de distribución permanentes, aunque estos medios han sido insuficientes para satisfacer la demanda. La distribución inconsistente y la limitada capacidad logística han generado protestas en varios barrios. En Nueva Aurora, vecinos angustiados han recurrido a una fuente natural no tratada para obtener agua, enfrentándose a posibles riesgos de salud.
A falta de vehículos adecuados, algunos ciudadanos alquilan carretillas, coches improvisados o incluso utilizan fundas de basura para cargar el agua. Tomás Chiguano, un albañil afectado por la crisis, cuenta que su trabajo también se ha visto paralizado, ya que no hay agua para mezclar materiales básicos como cemento y arena.
Gastos extra en un contexto de escasez
El efecto económico igualmente ha sido una constante. Los habitantes reportan que tienen que pagar entre 2 y 5 dólares por el transporte para llegar a los lugares de distribución. María Tipán, residente del área, realiza hasta ocho viajes al día para aprovisionarse. “No tenemos ni para lavar la ropa. Tengo nietos que ensucian. El agua está saliendo muy cara y nos cobrarán la tarifa completa del agua”, se queja.
Este costo extra golpea especialmente a las familias de bajos recursos, que deben elegir entre destinar dinero al agua o a otras necesidades básicas como alimentos y medicamentos.
Respuestas oficiales y tensiones institucionales
La gestión de la emergencia ha revelado profundas fracturas entre el gobierno local y el nacional. Mientras el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, insiste en que más de 500 personas trabajan en la zona afectada para restablecer el servicio, desde el Gobierno central se ha cuestionado la falta de coordinación y transparencia en la respuesta municipal.
La vicepresidenta del país, María José Pinto, fue asignada para supervisar la ayuda en las áreas dañadas. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) informó sobre la ubicación de plantas móviles para purificar agua en diversos lugares estratégicos, con el respaldo de la Cruz Roja. No obstante, la ministra de Energía y líder del COE, Inés Manzano, criticó al Municipio por no ofrecer un plan de acción técnico ni mantener una comunicación adecuada.
El alcalde Muñoz, por otro lado, expresó su preocupación por la falta de representantes del Gobierno nacional en el Puesto de Mando Unificado y solicitó un aumento en la colaboración institucional para resolver la crisis.
Camino a la recuperación
A pesar de que las autoridades tienen la intención de reanudar el servicio de manera parcial en los días venideros, el daño en la infraestructura de la tubería principal ha causado un retraso en las tareas de reparación. De acuerdo con el Municipio, ya se ha eliminado el 77% del material terrestre acumulado en el área del derrumbe, lo cual facilitaría el inicio de las pruebas operativas de la red próximamente.
Mientras tanto, unidades de emergencia de otros cantones y provincias han comenzado a sumarse a las tareas de distribución. La Asociación de Municipalidades del Ecuador ha coordinado el envío de más tanqueros para apoyar en la atención a los barrios más afectados.
La crisis en Quito destaca no solo la fragilidad de las instalaciones de agua frente a eventos naturales, sino también la urgencia de tener una organización conjunta, efectiva y solidaria entre los distintos niveles de gobierno. Por otro lado, la ciudadanía sigue soportando y ajustándose, mientras aguarda que el suministro de agua se restablezca normalmente.
