Extrabajadores de Banca Privada d’Andorra: “Delito, ilegal, cárcel… Destruiremos los discos duros” | Economía

La dirección de Banca Privada d’Andorra (BPA) puso a prueba una hoja de ruta para encubrir los secretos inconfesables de sus clientes, ocultar información falsificada y garantizar la seguridad «fiscal y penal» de esta entidad, intervenida en 2015 tras la denuncia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actuar presuntamente como lavadora de fondos de grupos criminales de Rusia, China y Venezuela.

Así lo confirman decenas de correos de ejemplos incluidos en un informe elaborado en junio de 2022 por la auditora y consultora PwC. Los correos revelan los métodos ilegales de captación de clientes en América, el traslado irregular de centenarios de millones a Andorra a través de tinglados societarios opacos y el envío prohibido de Tarjetas Visa a algunos clientes, entre otras irregulares.

Con 7.000 millones de gestionados, la dirección de la que será la cuarta entidad de Andorra, un microestado de 79.000 habitantes entre España y Francia. blindado hasta 2017 por el secreto bancario, conocía la operativa y calificó por escrito estas maniobras: «Delito», «illegal», «tapadera» or «irregular status», según recogían unas misivas, que también advertían de las consecuencias de este modus operandi : «Cárcel o inhabilitación de hasta 10 años».

Higini Cierco, uno de los propietarios del banco, niega las acusaciones, calificó a la entidad como «modélica» y afirma que operaba «en la legalidad».

Argentina, México y Uruguay

Los mensajes del informe de PwC revelan como los extrabajadores de las filiales del banco en Argentina, México y Uruguay transportan la documentación sensible de nuestros clientes en maletines y fondos de computadoras portátiles. También, cómo temían las inspecciones de los reguladores y auguran acabar «en la cárcel». «300 hojas en la bolsa del portátil o en una mochila son difíciles de ocultar», predijo en julio de 2009 un empleado en un correo con copia al exresponsable del área internacional Pablo Laplana y al exdirector general adjunto Xavier Mayol. “El transporte de documentación tiene repercusión de delito penal, me voy a la cárcel y con eso no juego ni se lo permito a nadie”, recelaba otro trabajador un mes después en una misiva remitida a los citados exejecutivos.

En un correo dirigido a cuatro exdirectivos, entre los que encontré Laplana, un empleado mostró en 2009 comprensiva con los miembros de la plantilla reacios a transportar información sensible de cheques y tarjetas de crédito de clientes. “El tema es lo más delicado. Quien miedo, mejor que se abstenga porque es por la única razón, la evasión de divisas, que te detenga, es delito penal tenga seas residente donde seas”, apuntaba. Otro comunicado de diciembre de 2011 reconoce las anomalías en América Latina: “En Uruguay están en una situación irregular que puede resultar en sanciones económicas de 300.000 dólares e incapacitación de 10 años”.

Según las comunicaciones, la dirección del banco maniobró presuntamente para maintener a buen recaudo la información de clients que colocaron en la entidad fondos a través de casas de cambio, un mecanismo que la Policía de Andorra conecta con tramas de blanqueo por la dificultad de rastrear el origen de la cena. La divulgación de esta información se comportaba -según otro correo- «un enorme riesgo para los de aquí y para el banco en caso de una inspección». “Cada mes, tengo que decidir cómo sale la documentación, si en mi maleta o en la de alguno de los directivos de la BPA a los que le enchufo todo lo que puedo cuando pasan. A todos, sin excepción”, reconocía en julio de 2009 también ex de esta entidad financiera a la que recurrió el clan del expresidente catalán Jordi Pujol para refugiar más de cinco millones entre 2006 y 2015.

Junto a las casas de cambio, otro de los sistemas empleados para transferir el dinero de América a Andorra fueron los entramados societarios opacos. Tinglados que canalizaban los fondos desde sociedades cerca de la costa panameas creadas por el banco. La mecánica se déarrollaba “sin documentación justificativa (a veces fabricada ad hoc)”. Y, según los auditores, tenía por objeto «dificultar la trazabilidad». «El origen y el destino final de los fondos eran desconocidos», concluye.

Para evitar filtraciones, se emplazó en septiembre de 2009 un plan. «Yo sacando [la información] y, ni locos, guardarla aquí o tener un escondite, con un montón de fajos. If our los encuentran un día, porque me siguen, por goteras del vecino, estamos muertos [sic]”, sugirió el trabajador.

Sí que la eventualidad de una fuga de datos llegó se ha convertido en una obsesión. «Decisión de la dirección del banco, destruiremos los discos duros», reconocía enero de 2011 un trabajador. «Quiero estar todo el día en la farmacia con el informático para borrar y triturar todo lo que haga falta», añadió otro en junio de 2010. «Quiero hacer una consultado sobre un botón que lo borra todo», añadió un tercero.

Formateo de información sensible

El análisis de los correos confirmó que las órdenes venían de arriba. «Una petición de Joan Cejudo [exsubdirector general de la BPA y exmiembro del comité de cumplimiento], hay que proceder a la destrucción física, además del formato anterior, de los discos duros que hay en la oficina de Argentina”, remataba otro correo. En enero de 2011, un empleado marcó el borrado de los discos duros en una táctica para garantizar la seguridad «fiscal y penal» de la plantilla. «Sería conveniente hacer lo mismo que hicimos en México, poner una nueva base de datos, y avisarles de que no guarden ningún correo», desvela otra comunicación.

Las cautelas de ejemplos, comunicadas en copia a la dirección, pretendían ocultar las presuntas prácticas de blanqueo que el banco prestaba a grupos criminales. BPA es uno de los clientes de Trama Odebrecht, la principal contratista de América Latina, y el grupo de exjerarcas chavistas que saqueó más de 2.000 millones de la principal empresa de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), según los documentos.

Los empleados reconocían en sus misivas las malas praxis. “Sería falsificar documentación… que es lo de siempre”, dijo un trabajador.

Los nuevos correos que contienen el informe de PwC forman parte de una pelea contra la BPA presentado por la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) de Andorra que fue admitido a trámite el pasado marzo. Los mensajes revelan supuestamente que el banco trabajó para ocultar el dinero del delito y «fondos de origen dudoso». Y que la plantilla conocía su procedencia. “Toda la venta de plata de las subvenciones estatales. En lugar de invertir [los fondos] en el país, los sacan fuera para que se pierda el control. No sé de dónde saca M. estos clientes con vinculaciones políticas tan evidentes”, indicó un trabajador de BPA Argentina en octubre de 2009. “En este caso, al parecer, hay un lío de comisiones a alguien del Gobierno”, recogía otro correo.

Sucio cena de corrupcion

La BPA también presumiblemente el destino del dinero sucio de la corrupción. “En 2010 se recaudó una transferencia de 300.000 dólares, lo que resultó en una [sobornos] de Ricardo Jaime”, admitió un mensaje de marzo de 2012. Jaime fue secretario de Transporte de los gabinetes de los expresidentes argentinos Néstor y Cristina Kirchner condenados por corrupción.

Una trabajadora de la institución financiera reconocía tener constancia del pago de un soborno de 250.000 dólares a un juez federal argentino para que frustrara unas pesquisas contre la entidad. «En parte nos ha beneficiado porque ya no investigarán tan directamente a BPA», indicó esta empleada en un mensaje dirigido al exdirector general adjunto Xavier Campos.

«En cumplimiento (cumlimiento) sabemos muchas cosas, la cuestión es si las tenemos documentadas ante una inspección y la respuesta es no”, alertaba otro correo.

Información de PwC revela que la mala práctica se reconoce en los correos fue posible gracias a la cúpula de la entidad. Y destaca cómo bancos corresponsales como JP Morgan, Deutsche Bank, UBS Stanford y el Commerzbank de Frankfurt renunciaron a seguir el tratamiento con la BPA entre 2010 y 2014 por la entrada de fondos de origen dudoso. «Las presuntas prácticas irregulares se realizaron bajo el conocimiento, intervención y consentimiento del director general de la entidad y de determinados miembros de la alta dirección de la BPA».

Por este motivo, los principales directivos del banco están imputados por blanqueo en distintas causas en Andorra. El que exesponsable en México, Joan March Masson, figura como investigado en las pesquisas contra Juan Ramón Collado, abogado del expresidente este país Enrique Peña Nieto (2012-2018); el exjefe del área internacional Pablo Laplana está encausado en la pieza principal. Y el ex-CEO Joan Pau Miquel también figuró imputado en la causa indaga la red de pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

investigación@elpais.es

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