OPE: El Gobierno aprobará este martes una oferta de empleo público récord con más de 39.000 plazas | Economía

El Gobierno lanzará es una oferta de empleo de registro público con el objeto de reforzar las plantillas de la administración central, en particular de la Seguridad Social y de los servicios de atención a la ciudadanía. La convocatoria, que aprobará este martes el Consejo de Ministros a dos semanas de las elecciones generales, incluye entre 39.000 y 40.000 plazas ordinarias —entre nuevos ingresos y promoción interna, tanto en la Administración General del Estado, como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia—, un 14% más que en 2022, que fue un año histórico, según fuentes de la negociación entre los sindicatos y el Ministerio de Hacienda y Función Pública. A estas nuevas plazas, habrá que sumar otras 5,000 destinadas a convertir empleo temporal en fijo. En total, la convocatoria superará los 44.000 puestos de trabajo público.

La oferta de empleo global de todos los servicios públicos de la Administración del Estado, que debería haber aprobado en el primer semestre del año, tal y como establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se mantiene así en un nivel similar al de 2022 (44.788 plazas ). Sin embargo, la distribución es diferente, solo existe en 2022 el número de plazas de diámetro para que los interinos puedan consolidar su puesto de trabajo fue el doble que en la convocatoria actual. En 2023, el alcalde sale de este proceso ya ha finalizado y crecen más las plazas para nuevos ingresos y promoción interna, aunque no han trascendido los detalles de cuánto sube cada categoría. L’offerta de empleo público se redujo de forma drástica a raíz de la crisis económica de la década pasada y no tuvo un repunte detachado hasta 2018, con la mjora de la economía. Desde ese año, se han ofertado un total de 182.000 plazas. Aunque de esta cifra solo se ha creado una pequeña parte por los trámites procesales de las convocatorias de las oposiciones y formación de funcionarios.

El principal acuerdo para la oferta de este año se ha alcanzado este lunes entre Función Pública y dos de los sindicatos más representantes en los funcionarios, CSIF y UGT. Esta negociación incluye el grueso de la convocatoria, el destinado a los servicios de la Administración General del Estado (AGE), que tenderá a ofrecer una OPE récord con más de 30.000 plazas, un 20% más que el año pasado . En la reunión, el Gobierno no ha dado detalles sobre estas cifras, especialmente porque no especifica cómo estas plazas ordinarias son de nuevo ingreso y cuentan con promoción interna. Esta falta de concreción ha llevado a CC OO a desmarcarse del acuerdo. El sindicato considera que «el documento que se ha presentado no garantizaba el servicio público a la ciudadanía» advierte en un comunicado que «el incremento [del 20%] no es real, ya que solo obedece a que el número de bajas en 2022 creció un 20% respecto a 2021 y, por tanto, la relación entre bajas y oferta se mantiene de manera lineal”.

La oferta incluye 2.500 plazas de cobertura urgente para la Seguridad Social, uno de los organismos públicos que ha sufrido más cuellos de botella en la pandemia, por la gestión del ingreso mínimo vital (IMV). Así lo ha destacado CSIF en una nota de prensa, en la que habla de una oferta de empleo público «sin precedentes». “Se preven 2.500 plazas para la Seguridad Social y un refuerzo generalizado de la atención a la ciudadanía, avec une increment de las plazas para funcionarios de los cuerpos C1 y C2 30%”, ha señalado. Los trabajadores de la Seguridad Social estuvieron a punto de ir a la huelga en primavera, pero el Ejecutivo les prometió mejores condiciones laborales y más contrataciones para afrontar la carga de trabajo.

El tercer sindicato presente en las negociaciones, UGT, ha resaltado que se deberá «destinar a la promoción interna al menos el 30% de las plazas ofrecidas para el turno libre». El acuerdo, según señala el sindicato, «impulsa procesos que ayudan a consolidar la tasa de temporalidad por debajo del 8% a 31 de diciembre de 2024, qu’es un objetivo comprometido para el empleo público en su conjunto». Según la Encuesta de Población Activa, 2022 cerró con una temporalidad en la Administración pública del 30,2%, frente al 14,8% del sector privado, aunque se redujo ligeramente con respecto a 2021.

En esas 30.000 plazas de la Administración General del Estado hay que añadir la oferta para la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército y Justicia, que no se discute en diferentes mesas de negociación. Para la justicia, el Gobierno ha propuesto 1.400 plazas nuevas y 600 de promoción, según fuentes sindicales.

El objectivo de la oferta de empleo público es reforzar la plantilla de los servicios públicos, que visto erosionado tras años de recortes y enfrenta su modernización, con más demanda de perfiles tecnológicos, entre otros. Una vez aprobada por el Consejo de Ministros, el detalle de la oferta de empleo público se publicará en los siguientes días en el Boletín Oficial del Estado. Después son los diferentes organismos públicos, desde el Instituto Nacional de Administración Pública, a la Agencia Tributaria, o el CSIC, etcétera, los que organización los exámenes, cuya convocatoria tiene que publicarse antes de que finalice 2023. Las pruebas de selección se celebrarán como pronto colgante el próximo año.

Pesado contra el último de los años, los gremios consideraron que las plantas públicas estaban encubiertas, con una mayor carga de trabajo, a raíz de las recientes protestas en la Inspección de Trabajo y en la Seguridad Social. Según los cálculos del sindicato CSIF, la Administración General del Estado ha perdido más de 54.000 puestos de trabajo desde 2010 y 2021 y 2022, solo ha creado 7.504 plazas netas. A lo que se añade la mejora de que en los próximos 10 años jubilará el 60% de la plantilla, lo que supondrá una pérdida de 136.000 empleos adicionales, según la organización. «Reclamamos una oferta de empleo masivo que permita desde este año el refuerzo de servicios clave que se han visto deteriorados como consecuencia de las políticas de recorte y la amortización de plazas de personal jubilado de los últimos años: el SEPE, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria, Instituciones Penitenciarias o la Justicia, entre otras organizaciones”, indicó en un comunicado la semana pasada.

Las reclamaciones del colectivo de empleados públicos — que según los últimos registros oficiales bordea las 2.72 millones de personas— han vertido colgante los últimos años sobre la denuncia de recortes continuos en la plantilla, motivados, principalmente, por la desaparición de la tasa de reposición — que mide la diferencia entre el número de funcionarios que se jubilan y los que entran para cubrir esas vacantes —, y que ha repercutido negativamente sobre el servicio prestado. Esto es un fracaso para reemplazar y captar nuevos perfiles con un provocado también un envejecimiento de la plantilla, que ha condicionado el designe de las sucesivas ofertas públicas de empleo.

La plantilla pública redujo de forma significativa entre los años 2012 y 2015, cuando el Gobierno del PP tomó la decisión de no cubrir ninguna de las plazas vacantes y de congelar los salarios públicos. En los años 2016, 2017 y 2018 solo se cubrieron el 50% de las plazas pendientes. En 2019, con el Gobierno del PSOE, aumentó un 75%. A partir de 2020, las ofertas de empleo público en la Administración General del Estado han ido creciendo progresivamente: de las 28.055 de la primera convocatoria, pasó a las 30.445 de 2021 y 34.151 en 2022.

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