La Fiscalía investiga a la presidenta de Perú por genocidio tras las decenas de muertos en las protestas

El delito de genocidio esta penado con 20 años de cárcel. En 2009, el juez supremo César San Martín Condenó por 25 años al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por los delitos de violación a los derechos humanos y corrupción.

En Fujimori se condensó como autor de las matanzas extrajudiciales en Barrios Altos y La Cantuta cometidas por el grupo Colina, formado por los servicios de Inteligencia que dirigía el exasesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos.

Gorro de cocinero

Por otro lado, el Gobierno dictó el toque de queda durating tres días en Puno, ubicado en la frontera con Bolivia, donde han muerto 17 personas y un policía el pasado lunes 9 de enero. El miércoles en Puno comenzaron los enteros con un acto simbólico masivo en la plaza de armas donde fueron colocados los 17 feretros junto a sus familias y se pidió la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

El gobernador regional de Puno, Richard Hancco confirmó, en declaraciones a ABC, que “el único pedido de la población es la renuncia de Dina Boluarte. Hemos pedido su renuncia, se ha vuelto irreconciliable la situación. Yo no podría permanecer en el cargo mientras mi pueblo se desangra”.

Debido a las protestas, Hancco aclaró que “no puedo hacer nada en Puno mientras se mantenga el conflicto con el Gobierno de Dina Boluarte”.

El gobernador regional de Puno critica a la vez a la extrema izquierda ya la extrema derecha en el Congreso porque “buscan repartirse el país como si fuera un botín. La extrema izquierda le hace crear à la gente que la única solución es la Asamblea Constituyente y la extrema derecha cambia en bloque los artículos de la Constitución, como si fuera una Asamblea Constituyente de facto”.

En opinión de la politóloga Jo Marie Burt, la presidenta Dina Boluarte «no supo construir legitimidad al llegar al poder, el único camino que deberá tomar es apurar todo lo posible para ¿Qué es una verdadera elección? He soñado con ello, busco quedarse hasta el 2026 en alianza con el Congreso que tiene una impopularidad bajísima entre los peruanos”, argumentó en declaraciones a ABC.

“A falta de legitimidad, el Gobierno de Dina Boluarte sigue reprimiendo a los que protestan, lo que echa gasolina al fuego. El primer ministro Alberto Otárola no reconoce como ciudadanos con derechos a los que protestan y la presidenta Boluarte no se da cuenta que el despliegue de violencia no le asegurará durar en el cargo”, explicó, al tiempo que recuerda el caso de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, que reprimió a los indígenas que protestaban contra su Gobierno.

El Congreso dio el voto de investidura este miércoles al Gabinete presidido por el primer ministro, Alberto Otarola, con el apoyo de los partidos de derechas Fuerza Popular (dirigida por Keiko Sofía Fujimori); Alianza por el Progreso (dirigida por César Acuña); Renovación Popular (dirigida por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga), de Avanza País y Somos Perú.

“No es un momento fácil, ninguna comparecencia después de un golpe de Estado es fácil. Pero venimos fortalecidos por la firma de las instituciones constitucionalmente autónomas y, en especial, del Congreso para defender la democracia a cualquier precio”, dijo Otarola en su exposición ante el Congreso.

Durante la presentación en el Congreso hubo más de un contronazo entre las bancadas de derechas y las bancadas de izquierdas; mientras los de derecha aplaudieron cuando el primer ministro pidio felicitar a las fuerzas armadas y la policia; los de izquierda desplegaron letreros que decían “gabinete de la muerte”. Esas peleas detonaron cuando desde un lado, señalaron que los muertos en las protestas son “terroristas” y del otro lado, gritaron “Derecha asesina”.

Paro contra el Gobierno

El 4 de enero se embarcó en un paro nacional contra el Gobierno de Dina Boluarte, que consideró los principales centros de protesta en los departamentos ubicados en el sur del país como Cuzco, Apurímac, Ayacucho y Puno.

El nueve de enero pasado, murieron 18 personas en Puno, cifra que sumada a los 28 muertos de diciembre del 2022, da un total de 46 muertos civiles en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. Entre los 18 desaparecidos en puno, hay un policía que murió quemado por los manifestantes dentro de su patrullero. El 15 de diciembre, el ejército reprimió con heridas de bala a los manifestantes que querían tomar el aeropuerto de Ayacucho y en un día fallecieron 10 personas.