El Senado refuerza medidas para proteger a los menores
mejor prevenir y «ser capaz de actuar más rápido». Es con este objetivo que los senadores votaron por unanimidad, el jueves 16 de junio, un proyecto de ley socialista destinado a reforzar las medidas para combatir la violencia sexual contra menores en los clubes deportivos.
El texto, aprobado con el visto bueno del Gobierno y que deberá ser examinado por la Asamblea Nacional, establece un control anual de los antecedentes de los educadores deportivos -el control de la honorabilidad- y no un control previo a la toma de posesión, como c Así ha sido desde 2022, cuando se introdujo esta medida.
Un fin de mayo, “casi un millón de personas [sur 2 millions] ya han sido revisadas, y más de 130 incapacitaciones y medidas de policía administrativa pronunciadas”recordó la ministra de Deportes y Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Amélie Oudéa-Castéra.
Este control anual debe realizarse no solo a través de la consulta del boletín núm.Vaya 2 del registro de antecedentes penales, pero también del expediente judicial automatizado de los autores de delitos sexuales o violentos (Fijais).
Los senadores justifican esta doble obligación por el hecho de que “ciertas condenas pueden borrarse del B2 tan pronto como seis meses después de la fecha de la condena a petición de la persona condenada”mientras ellos “permanecer registrado en Fijais durante al menos veinte años”.
También se impondrá la prohibición de ejercer cuando la persona haya sido condenada en el extranjero por hechos que, cometidos en Francia, hayan tenido como resultado la incapacidad.
Medida administrativa de prohibición para directivos
El texto aprobado por el Senado también obliga a los presidentes de clubes deportivos a denunciar ante los servicios del Estado las conductas de riesgo de los educadores o de cualquier persona en contacto con menores, so pena de sanción.
La prohibición, temporal o definitiva, de dirigir un club se aplicaría en tres supuestos: la contratación de un educador deportivo que no respete los criterios de honorabilidad, la negativa a denunciar conductas de riesgo y el comportamiento del directivo -aún amenazando practicantes
En caso de incumplimiento de esta medida administrativa, el técnico del club en cuestión incurre en la pena de un año de prisión y multa de 15.000 euros.
