El Gobierno y los taxistas vislumbran un acuerdo para limitar los VTC

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las principales asociaciones de taxistas, Antaxi y Élite Taxi Barcelona, han acercado posturas y vislumbran un acuerdo, que se podría sellar este miércoles para aprobar una norma de urgencia que limitar el número de nuevas licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC), informe fuentes de la negociación. Ambas partes mantuvieron este martes una reunión en la sede del ministerio, encabezadas por el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, y los presidentes de Antaxi, Julio Sanz, y Élite Taxi, Tito Álvarez. Tras acordar un borrador con los puntos principales que deberán contener la norma, emplazaron un nuevo encuentro que tendrá lugar este miércoles para sellar el texto definitivo.

No obstante, las asociaciones de taxistas mantienen la convocatoria de la gran protesta programada para los jóvenes en el paseo de la Castellana de Madrid, en cuyo caso se acudirá a la sede de Transportes, hasta que no haya un acuerdo final.

Aunque el ministerio no ha dado detalles sobre el texto en elaboración, la norma puede plasmarse en un decreto-ley que introdujo nuevos requisitos ambientales y de congestión de tráfico para sortear así la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que rebajó el límite actual de una licencia de VTC por cada 30 de taxi.

En principio, esos nuevos requisitos no afectarían a los VTC que usan plataformas como Cabify, Uber o Bolt, que operan actualmente en aquellas comunidades autónomas que ya han aprobado su propia legislación sur la materia, como Madrid, Andalucía o Cataluña. No obstante, se frenarían casi todas las peticiones de nuevas licencias, puesto que el marco regulatorio sería muy estricto, haciendo inviable en la práctica la concesión de más autorizaciones, información las fuentes citadas. Además, está la incógnita de si la norma afectará también a las licencias que han sido recurridas ante el Tribunal Supremo tras ser rechazadas administrativamente por la ratio 1/30 (entre 7.000 y 20.000, según las distintas fuentes).

“Estamos intentando definir un texto y el propósito del ministerio es conseguir un acuerdo lo antes posible. La presencia del secretario de Estado demuestra esa voluntad. El ministerio está muy receptivo pero tenemos todavía posturas muy alejadas en los Planteamientos. Intentaremos mañana [por el miércoles] conseguir un acuerdo razonable para todos”, indicó Julio Sanz, al término de la reunión.

Desde el departamento que dirige Raquel Sánchez se ha afirmado que «existe buena voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo y que pueda poner en marcha lo antes posible». No obstante, las fuentes del ministerio han puntualizado que «el marco de actuación de la Administración General del Estado solo puede comprender el transporte interurbano, por lo que, en el ámbito urbano son las comunidades autónomas y ayuntamientos quienes deben regular las condiciones para autorizar la circulación de las VTC”.

Reacción del VTC

Feneval y Unauto-VTC, las dos asociaciones más representantes del sector de VTC, no han tardado en reaccionar. Tras criticar que el ministerio les haya negado participante en las negociaciones junto a los taxistas, han enviado una carta a la comisaria europea de Transportes, Adina Valean, para pedir que interceda ante el Gobierno de España antes de que tomen medidas que vayan en contra de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Los empresarios, presentes en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), han denunciado ante el comisario la intención del Gobierno de aprobar un decreto que, de conformidad con la Constitución Española, «no podría ser impugnado» ante los tribunales directamente por particulares, empresas o autoridades de Competencia, dejarían al sector VTC «en una clara situación de indefensión».

Para los VTC, la norma de urgencia tiene como objectivo reducir los efectos de la sentencia del TJUE, ya se directamente, o permite que las autoridades regionales y municipales españolas lo hagan. Las asociaciones consideran “indignada” que el Gobierno pueda aprobar una normativa urgente para eludir la sentencia del tribunal europeo, negociando exclusivamente con las asociaciones de taxis, justo antes de unas elecciones generales, “y con el único objectivo de proteger los intereses económicos de los taxis, en detrimento de las VTC”.

Por su parte, Movea, la asociación de autónomos, pymes y cooperativas de VTC, ha remitido una carta a la ministra Raquel Sánchez, para exigirle que se atenga al espíritu de la sentencia del TJUE y no haga nuevas normas para beneficiario al sector del taxi . «La posibilidad de generar un caos en el sector no es consecuencia del contenido de la sentencia, sino de las acciones emprendidas por los poderes públicos en reacción a la misma, bajo la presión de una radical parte del sector del taxi. Hubiera sido conveniente poner las luces largas, abordando una reforma integral e inclusiva de la gobernanza de la movilidad urbana, pero ha optado por las luces cortas ante las protestas callejeras de un sector”, señaló el presidente de Movea, Eduardo Martín.

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