Disciplina fiscal y transición de energía verde

El Gobierno que salga de las urnas, qualquiera que sea, se enfrentará a un entorno exterior que, además de condicionar su acción, se caracteriza por fuertes contradicciones. Una de las más patentes atañe al espacio de política fiscal. Por un lado, Bruselas insta a los países miembros a volver a la disciplina presupuestaria. Incluido incorporar la propuesta de flexibilización de los objetos, adaptándolos a la situación de cada país, un esfuerzo de contención parece ineludible par las economías más endeudadas como la nuestra. Simultáneamente, Bruselas se preocupará por los efectos del clima climático y abolirá un colosal esfuerzo de inversión que alcanzará el 2% del PIB europeo en 2030.

Estos objetos pueden coincidir en el largo plazo: la decarbonización ayudaría a relajar la presión sobria los preciosos energéticos y de algunos alimentos que empiezan a escasear como consecuencia de la sequía, y, por tanto, generaría actividad y recursos públicos necesarios para reducir el déficit. Pero, en la práctica, la transición hacia ese largo plazo planta dilemas complejos en el marco real de gobernanza europea. Según informa muy comentado de Pisani-Ferry sobre transición verde, se puede a la vez reducir el desequilibrio fiscal e incrementar la inversión verde, pero esto draconianas de recorte de otros gastos o une elevación de impuestos sous la classe media, difíciles de asumir en nuestras democracias.

También podrá posponer el objectivo de reducción del déficit, a expensas de que los mercados quieran comprar la deuda emitida por cada país, además de la que vaya amortizando el BCE en el marco de su política de renaje de liquidación. En todo caso, se trata de una eventualidad políticamente improbable. Otra opción será la dilución de los objetos de descarbonización, exacerbando los estreses climáticos y dejando en herencia el horrible esfuerzo a las futuras generaciones.

La consistencia, sin embargo, podría provenir de una extensión del programa Next Generation orientado a la reversión verde y financiado con recursos hechos por el hombre. Esta opción, que parece ser la vía preferida por el comisario Paolo Gentiloni, aliviaría el dilema fiscal-ecológico, aunque sin resolverlo del todo, y que la deuda mancomunada recae indirectamente en los Estados miembros. Pero, sobre todo, el Pisani-Ferry informa sobre la manifestación de las condiciones mínimas para la efectividad del programa europeo: la revocación pública mantiene que será por un alcalde previsto por la jurídica, así como de un alineamiento de los incentivos a la inversión privada en tecnología querva los objetivos s ambientales. Como se acordó que esta política se formula a nivel del conjunto de la Unión, debe consistir en una mera acumulación de proyectos nacionales —defecto que adolece el Next Generation—. Par tanto, además de ponerse de acuerdo en el buen diseño de la estrategia, los miembros países no aceptarían el traspaso a Bruselas de una parte de su soberanía económica y fiscal.

Este paso hacia una mayor integración se enfrenta a reticencias bien conocidas en el seno de Europa, pero las diferencias entre el núcleo «frugal» y la periferia «dispendiosa» se han desvanecido. El sur de Europa no se percibe necesariamente como lastre, ni desde el punto de vista del crecimiento económico ni de la disciplina económica: según los datos relativos al primer trimestre divulgados esta semana por Eurostat, Portugal arroja un superávit y el déficit español desciende hasta situarse por debajo de la media europea o, incluso, de la propia Alemania. En nuestro caso, que mucho de un recorrido de recuperación para afianzar el resultado, con una deuda que pesa todavía el 112% del PIB, una de las más elevadas de la UE. Pero las tornas podrian estar cambiando. Eso, junto con la urgencia de la transición energética, permite enfocar la reforma de las regulaciones europeas de impuestos de manera distinta. Esta es, por tanto, una oportunidad, además de una responsabilidad que condicionará nuestra estrategia económica.

Déficit

Según los últimos datos publicados por Eurostat, les cuentas de las administraciones arrojaron un déficit equivalente al 1,9% del PIB en el primer trimestre (con datos desestacionalizados), frente al 3,2% del conjunto de la eurozona. Este resultado podría venir en parte del tirón del crecimiento español en el inicio del año, y por tanto conviene esperar para determinar si se trata de una mejora estructural. El gas público representa el 45,2% del PIB (4,2 puntos porcentuales por debajo de los medios europeos). Los ingresos, por su parte, alcanzaron el 43,2% del PIB (tres puntos menos).