Daños una columna publicada el 2 de enero por El mundo250 funcionarios electos de Ile-de-France pidieron a Elisabeth Borne posponer la decisión de Valérie Pécresse de «privatizar el sistema de transporte de autobuses en la región de Ile-de-France» para que se puedan explorar soluciones alternativas.
Si se debe organizar un debate público, todavía tiene que plantearse adecuadamente. Con demasiada frecuencia, las opciones en términos de organización de servicios de interés general se presentan frente a un modelo de servicio público, que se presume virtuoso en sí mismo, a un modelo de competencia, que se presume salvaje, entre operadores privados.
En pocas palabras, se trata de cuatro tipos de interesados: operadores de transporte, administradores de infraestructuras (vías de tráfico, estaciones, etc.), usuarios y autoridades públicas.
Afirmar que sólo existen dos modelos para organizar las relaciones entre todos estos actores es una simplificación excesiva, incluso simplista, y oscurece los términos del debate.
Organizadores y financiadores
Debido a que la movilidad tiene muchos impactos colectivos (contaminación, congestión, uso del dominio público) y los modos alternativos de transporte son a la vez complementarios y competitivos, las autoridades públicas son siempre, en última instancia, los organizadores y financiadores de los sistemas de transporte. Luego intervienen para orientar inversiones, otorgar licencias de funcionamiento, supervisar el comportamiento de los actores, etc.
La licitación competitiva en el momento de los llamados a licitación permite comparar las propuestas de los operadores. Lo que se espera es más transparencia, más datos y una mejor relación calidad-precio para el usuario.
Lejos de la retórica sobre el desmantelamiento del servicio público, el objetivo de la convocatoria es, por tanto, permitir a las administraciones públicas y, más allá, a todos los agentes económicos y sociales, disponer de la información necesaria para evaluar las condiciones de consecución del interés general.
Con el mismo espíritu operamos una separación de la gestión de infraestructuras de la de servicios. Esto es para garantizar que los primeros estén optimizados para satisfacer las necesidades de los diferentes operadores y sean capaces de permitir un acceso justo a los proveedores de servicios, ellos mismos en competencia.
Pleno conocimiento de costes y beneficios.
En la práctica, la implementación de estos principios resulta compleja en la medida en que implica organizar las condiciones físicas, informativas y tarifarias para acceder a un gran número de elementos de infraestructura y organizar las interfaces entre varios servicios de transporte. Se requiere vigilancia para garantizar el equilibrio adecuado entre las ganancias relacionadas con la transparencia y los costos de administrar estas múltiples interfaces.
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